Conclusiones del abogado general Kokott en el caso Apostolides- Asunto C-420/07

El caso versa sobre un terreno situado en una zona de Chipre en la que la República de Chipre no ejerce un control efectivo y en la que, por ese motivo, se ha suspendido la aplicación de gran parte del Derecho comunitario. Desde la intervención de tropas turcas en 1974 la isla de Chipre está dividida de hecho en una zona grecochipriota, situada al sur, y una zona turcochipriota, situada al norte. La República de Chipre está reconocida como Estado por la comunidad de naciones a efectos del Derecho Internacional Público y, aunque de iure representa a la totalidad de Chipre, de facto únicamente controla la parte sur de la isla. En el norte se ha proclamado la República Turca de Chipre del Norte, (en lo sucesivo, «RTCN»), reconocida únicamente por Turquía.

Aunque las negociaciones sobre la reunificación, apoyadas por las Naciones Unidas y la UE, no pudieron concluirse satisfactoriamente, la República de Chipre se adhirió en 2004 a la Unión Europea. En un Protocolo especial del Tratado de Adhesión se excluyó la aplicación del acervo comunitario a la parte de la isla sobre la que la República de Chipre no ejerce su soberanía.

A raíz de la división de la isla una gran parte de ciudadanos de ambos grupos de población huyeron o fueron desplazados forzosamente. Muchos de los desplazados reivindican la propiedad de terrenos que fueron obligados a abandonar. Los terrenos abandonados en la RTCN por los grecochipriotas se consideran allí transmitidos al Estado. Las autoridades de la RTCN han transmitido muchos de estos terrenos a particulares. La manera de tratar los derechos de propiedad de los desplazados es una de las cuestiones aún no resueltas en las negociaciones de reunificación.

En este contexto tan delicado se sitúa el litigio entre el Sr. Apostolides y el matrimonio británico Orams. Este matrimonio adquirió un particular un terreno en el norte de Chipre. El Sr. Apostolides, cuya familia tuvo que huir del Norte, reivindica la propiedad sobre dicho terreno. A raíz de su demanda, el Tribunal de Distrito de Nicosia, un tribunal que tiene su sede en la zona grecochipriota, condenó al matrimonio Orams a que desalojara el terreno y pagara determinada cantidad. El Sr. Apostolides ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Reino Unido.

La Court of Appeal que conoce del procedimiento de ejecución plantea la cuestión de si los tribunales del Reino Unido están obligados a ello conforme al Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  Sus dudas se deben, por una parte, a que la resolución se refiere a un terreno situado en una zona de Chipre en la que la República de Chipre no ejerce un control efectivo y en la que, por ese motivo, se ha suspendido la aplicación de gran parte del Derecho comunitario. Por otra parte, al notificar al matrimonio Orams la cédula de emplazamiento en su domicilio situado en el territorio turcochipriota, se produjeron algunas irregularidades.

El Tribunal estima que:

1) La suspensión de la aplicación del acervo comunitario en las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce un control efectivo, establecida en el artículo 1, apartado 1, del Protocolo nº 10 del Acta de Adhesión de 2003, no impide que un tribunal de otro Estado miembro reconozca y ejecute, sobre la base del Reglamento nº 44/2001, una resolución de un tribunal de la República de Chipre que guarde conexión con la zona no controlada por dicho Gobierno.

2) El artículo 35, apartado 1, en relación con el artículo 22, número 1, del Reglamento nº 44/2001 no faculta a los tribunales de los Estados miembros para denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro cuando dicha resolución se refiera a un terreno situado en una zona de éste en la que el Gobierno de dicho Estado miembro no ejerce un control efectivo.

3) Los tribunales de un Estado miembro no pueden denegar, invocando la excepción de orden público establecida en el artículo 34, número 1, del Reglamento nº 44/2001, el reconocimiento y la ejecución de una resolución cuando ésta, si bien formalmente tiene carácter ejecutorio en el Estado en que se dictó, en la práctica no puede ejecutarse en dicho Estado.

4) El artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no puede denegarse el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en rebeldía por irregularidades en la notificación de la cédula de emplazamiento, si el demandado podía recurrir contra la resolución dictada en rebeldía, los tribunales del Estado en que se dictó la resolución la han examinado en un procedimiento completo e imparcial y no existen indicios de que, en dicho procedimiento, se haya menoscabado el derecho de defensa del demandado.

Conclusiones del Abogado General Kokott en el caso Gambazzi – 18 de diciembre de 2008, Asunto C-394/07

Han sido publicadas las conclusiones del Abogado General en el caso Gambizzi, Asunto C-394/07. El procedimiento versa sobre la interpretación del artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El objeto del procedimiento principal es el reconocimiento de una sentencia inglesa dictada después de que el demandado fuera excluido del procedimiento por incumplir una orden jurisdiccional. Este asunto proporciona al Tribunal de Justicia la posibilidad de seguir desarrollando los principios establecidos en particular en su sentencia Krombach sobre el orden público procesal. Se estima que:

32. El Tribunal de Justicia ha expuesto en reiteradas sentencias los rasgos fundamentales de la interpretación de la reserva de orden público consagrada en el artículo 27, número 1, del Convenio de Bruselas.

33. A la hora de su interpretación, el Tribunal de Justicia parte antes de nada del sentido y de la finalidad del Convenio. El Convenio pretende facilitar, en la mayor medida posible, la libre circulación de resoluciones, estableciendo un procedimiento de exequátur simple y rápido. Por tanto, en cuanto obstáculo a la consecución de este objetivo fundamental del Convenio, el artículo 27 debe interpretarse de forma restrictiva.  En particular, la cláusula de orden público que figura en el artículo 27, número 1, del Convenio sólo puede aplicarse en casos excepcionales.

34. El Tribunal de Justicia aclara en este contexto que aunque en principio los Estados contratantes puedan seguir determinando libremente, en virtud de la reserva establecida en el artículo 27, número 1, del Convenio, conforme a sus concepciones nacionales, las exigencias de su orden público, los límites de este concepto son definidos a través de la interpretación del Convenio.  Por consiguiente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia definir el contenido del concepto de orden público de un Estado contratante, sí le corresponde controlar los límites dentro de los cuales los tribunales de un Estado contratante pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante.

El Tribunal estima que El artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado requerido puede denegar el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro si tal resolución ha sido dictada en violación manifiesta del derecho fundamental a un procedimiento justo.

Sentencia del Tribunal de Justicia – 18 de diciembre de 2008, Comisión/España, Asunto C-338/06

El Tribunal de Justicia ha condenado España por incumplir las obligaciones previstas en el art. 29 de la Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, Segunda Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo [48] del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital.  En la Sentencia del 18 de diciembre 2008 el TJCE declara que las disposiciones de la LSA infringen la Segunda Directiva:

– al otorgar un derecho de suscripción preferente de acciones en el supuesto de un aumento del capital con aportaciones dinerarias no sólo a los accionistas, sino también a los titulares de obligaciones convertibles en acciones;

– al otorgar un derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles en acciones no sólo a los accionistas, sino también a los titulares de obligaciones convertibles pertenecientes a emisiones anteriores, y

– al no prever que la junta general pueda acordar la supresión del derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles en acciones.