Conclusiones del Abogado General Kokott en el caso Gambazzi – 18 de diciembre de 2008, Asunto C-394/07

Han sido publicadas las conclusiones del Abogado General en el caso Gambizzi, Asunto C-394/07. El procedimiento versa sobre la interpretación del artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El objeto del procedimiento principal es el reconocimiento de una sentencia inglesa dictada después de que el demandado fuera excluido del procedimiento por incumplir una orden jurisdiccional. Este asunto proporciona al Tribunal de Justicia la posibilidad de seguir desarrollando los principios establecidos en particular en su sentencia Krombach sobre el orden público procesal. Se estima que:

32. El Tribunal de Justicia ha expuesto en reiteradas sentencias los rasgos fundamentales de la interpretación de la reserva de orden público consagrada en el artículo 27, número 1, del Convenio de Bruselas.

33. A la hora de su interpretación, el Tribunal de Justicia parte antes de nada del sentido y de la finalidad del Convenio. El Convenio pretende facilitar, en la mayor medida posible, la libre circulación de resoluciones, estableciendo un procedimiento de exequátur simple y rápido. Por tanto, en cuanto obstáculo a la consecución de este objetivo fundamental del Convenio, el artículo 27 debe interpretarse de forma restrictiva.  En particular, la cláusula de orden público que figura en el artículo 27, número 1, del Convenio sólo puede aplicarse en casos excepcionales.

34. El Tribunal de Justicia aclara en este contexto que aunque en principio los Estados contratantes puedan seguir determinando libremente, en virtud de la reserva establecida en el artículo 27, número 1, del Convenio, conforme a sus concepciones nacionales, las exigencias de su orden público, los límites de este concepto son definidos a través de la interpretación del Convenio.  Por consiguiente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia definir el contenido del concepto de orden público de un Estado contratante, sí le corresponde controlar los límites dentro de los cuales los tribunales de un Estado contratante pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante.

El Tribunal estima que El artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado requerido puede denegar el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro si tal resolución ha sido dictada en violación manifiesta del derecho fundamental a un procedimiento justo.

Sentencia del Tribunal de Justicia – 18 de diciembre de 2008, Comisión/España, Asunto C-338/06

El Tribunal de Justicia ha condenado España por incumplir las obligaciones previstas en el art. 29 de la Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, Segunda Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo [48] del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital.  En la Sentencia del 18 de diciembre 2008 el TJCE declara que las disposiciones de la LSA infringen la Segunda Directiva:

– al otorgar un derecho de suscripción preferente de acciones en el supuesto de un aumento del capital con aportaciones dinerarias no sólo a los accionistas, sino también a los titulares de obligaciones convertibles en acciones;

– al otorgar un derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles en acciones no sólo a los accionistas, sino también a los titulares de obligaciones convertibles pertenecientes a emisiones anteriores, y

– al no prever que la junta general pueda acordar la supresión del derecho de suscripción preferente de obligaciones convertibles en acciones.

Sentencia del Tribunal de Justicia – 16 de diciembre de 2008, Cartesio, Asunto C-210/06

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeos ha dictado el día 16 de diciembre de 2008  sentencia en el caso Cartesio. Dicha sentencia se formuló en el marco de un recurso interpuesto por CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt (en lo sucesivo, «Cartesio»), sociedad con domicilio social en Baja (Hungría), contra la resolución que desestimó su petición de inscripción en el registro mercantil del traslado de su domicilio a Italia.  El Tribunal de Justicia declara que:

1) Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente que conoce de un recurso de apelación contra una resolución dictada por un tribunal competente para la llevanza del registro mercantil que ha desestimado una petición de modificación de una mención en dicho registro debe calificarse de órgano jurisdiccional que ostenta la facultad de formular una petición de decisión prejudicial en virtud del 234 CE, a pesar de la circunstancia de que ni la resolución de ese tribunal ni el examen del referido recurso de apelación por el órgano jurisdiccional remitente tengan lugar en el contexto de un procedimiento contradictorio.

2) Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente, cuyas resoluciones dictadas en un litigio como el litigio principal pueden ser objeto de un recurso de casación, no puede calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 234 CE, párrafo tercero.

3) De existir normas de Derecho nacional relativas al recurso de apelación contra una resolución por la que se acuerde una remisión prejudicial, que se caractericen por la circunstancia de que el asunto principal sigue pendiente en su integridad ante el órgano jurisdiccional remitente, siendo objeto de una apelación limitada únicamente la resolución de remisión, el artículo 234 CE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no puede cuestionarse la competencia que dicha disposición del Tratado confiere a todo órgano jurisdiccional nacional de acordar una remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por la aplicación de tales normas que permiten al órgano jurisdiccional que conoce de la apelación reformar la resolución por la que se acuerda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, dejar sin efecto esa remisión prejudicial y ordenar al órgano jurisdiccional que haya dictado la referida resolución reanudar el procedimiento de Derecho interno que haya sido suspendido.

4) En el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que impida a una sociedad constituida en virtud del Derecho nacional de ese Estado miembro trasladar su domicilio a otro Estado miembro manteniendo su condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro según cuya legislación hubiera sido constituida.

Proyecto de Ley de contrato de transporte terrestre de mercancías

El pasado 31 de octubre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (121/000011). Su importancia reside en que modernizará la regulación de este contrato, derogando los arts. 349 ss. del Código de comercio y las disposiciones de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que rigen el contrato de transporte. Sin embargo, no contempla el contrato de transporte de viajeros, tan necesitado de regulación en nuestro ordenamiento, y que el Anteproyecto de Ley sí disciplinaba. Sus fuentes de inspiración son el Convenio CMR de 1956 y las Reglas CIM del Protocolo de Vilnius, además del Código de comercio alemán.

Entre las novedades destaca la regulación del contrato de transporte continuado, la declaración de aplicación a la prestación de transporte de un contrato de logística, la posibilidad de emitir la carta de porte electrónicamente, una regulación detallada del contenido del contrato así como la disciplina del transporte multimodal y de la mudanza.

Presenta también algunas cuestiones discutibles. Entre ellas la determinación de su ámbito de aplicación. El art. 1.2 reza: “La presente Ley se aplicará a todo contrato de transporte terrestre de mercancías, siempre que el lugar de carga y el lugar previsto de descarga de la mercancía estén situados en territorio español”. Esta disposición plantea el problema de la determinación de la normativa aplicable a un contrato de transporte internacional cuando queda sometido al Derecho español; por ejemplo cuando el Convenio CMR no resulta eficaz al no estar ubicado el lugar de destino en un Estado miembro. Si el Derecho español rige el contrato, se plantea la duda acerca de la norma aplicable pues la disposición citada excluye la aplicación de la Ley. Por lo tanto, debería acudirse a la normativa general sobre los contratos mercantiles y civiles. La solución parece absurda e innecesaria. Si lo que se desea es otorgar preferencia aplicativa a la normativa internacional del contrato de transporte terrestre (Convenio CMR y Reglas CIM), no es necesaria previsión normativa alguna ya que las normas uniformes priman sobre las nacionales cuando el supuesto de hecho entra dentro de su ámbito de aplicación.

Carles Górriz López

véase también la entrada en el blog Dret Mercantil de la UAB

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 14 de octubre de 2008 – Grunkin-Paul

Con fecha 14 de octubre el TJCE publica su decisión en el asunto Grunkin-Paul.  El Tribunal de Luxemburgo declara que “El artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro.“

Vesela Andreeva

Libro: Les juridictions des États membres de l’Union européenne

Destiné à offrir au lecteur une vue panoramique des juridictions et procédures dans l’Europe de la justice, cet ouvrage propose une description des systèmes juridictionnels de chacun des 27 états membres de l’Union européenne. Il comporte, en outre, une présentation graphique des juridictions nationales et des indications bibliographiques spécifiques.

Hier encore simple outil de travail interne à la Cour de justice des Communautés européennes, ce guide est aujourd’hui diffusé auprès du grand public afin de partager des informations n’ayant que rarement fait l’objet d’une présentation d’ensemble.

« Les juridictions des états membres de l’Union européenne » s’adresse aux professionnels du droit, aux universitaires, aux étudiants, aux entreprises mais aussi aux justiciables de plus en plus confrontés à la délocalisation des contentieux.

Edición en PDF

Raluca Ionescu

Seminario internacional sobre la reforma del Derecho europeo de obligaciones contractuales: el reglamento de Roma I

El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife organiza los 17 et 18 de octubre de 2008 un seminario international sobre la reforma introducida por el reglamento Roma I.

El El programa del seminario..

Raluca Ionescu

Conferencia: Extraterritorial controls and democracy, 9 de octubre de 2008

El programa:

CHALLENGE INTERNATIONAL ROUND TABLES

Extraterritorial controls and democracy: Antiterrorism collaboration logics Security technologies Data protection beyond borders

October 9, 2008

Sciences-Po Paris

Amphithéâtre Leroy Beaulieu

Amphithéâtre Albert Sorel

27 rue Saint Guillaume

75007 Paris, France

et

Salle François Goguel

56 rue des Saints Pères

75007 Paris, France

The working languages will be French and English

10.15 – 11.00 Opening

Location: Amphithéatre Sorel

Didier Bigo, Challenge Scientific Coordinator, Sciences-Po Paris, France

Extraterritorial controls and democracy

Conferencia LA MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE, SOCLE D’UN CODE EUROPÉEN DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ?, 17 de octubre de 2008, Toulouse

“L’Institut de Recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC) de l ’Université des Sciences Sociales de Toulouse organise le 17 octobre 2008, à Toulouse, un colloque international sur le thème « La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé ? »
Il s’agit d’analyser ensemble 3 textes de droit international privé de source communautaire en matière civile et commerciale, soit les règlements Rome I, Rome II et Bruxelles I, et de s’interroger sur leur cohérence d’ensemble du point de vue de leurs fondements, de leur structure, de leurs principes, de leurs méthodes, de leurs solutions.
Au delà de la cohérence, ces textes de droit international privé pour la matière civile et commerciale, creusent-ils le socle d’un code européen de droit international privé, entendu non pas comme un instrument mais plutôt comme une théorie, comme un système de présentation et d’organisation capable de générer des solutions cohérentes ? En ce sens, la réflexion conduit à se demander si ces textes ébauchent les traits essentiels du droit international privé communautaire avec ses nécessaires spécificités, soit la source supranationale des textes, leur fondement lié à la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice à partir des espaces juridiques nationaux, la lex fori communautaire sur laquelle viennent s’enraciner les règles communautaires de droit international privé.
La réflexion menée à partir des 3 textes de référence dans la matière civile et commerciale, permettra en  autre de s’interroger sur la possible généralisation de ce socle au delà de la matière civile et commerciale et partant, sur la potentialité pour la méthode conflictuelle communautaire de se présenter dans la construction communautaire, comme une méthode propre à la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.”

El programa

Raluca Ionescu

Seminario sobre la internacionalización del Derecho de sociedades

El día 26 de septiembre tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de barcelona un seminario sobre la internacionalización del Derecho de sociedades. El evento se enmarca en el proyecto de investigación “Adecuación de los tipos y de las estructuras de las sociedades y demás personas jurídicas a las exigencias derivadas de la integración económica mundial”. En el seminario participarán el Dr. José María Garrido García, Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha; el Dr. Stefan Leible, Catedrático de Derecho civil, Derecho internacional privado y Derecho comparado de la Universidad de Bayreuth; el Dr. Francisco Marcos Fernández, Director del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid; y el Dr. Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Rey Juan Carlos.

Rafael