Àrea de Dret Internacional Privat – UAB

junio 20, 2007

Sentencia del TJCE 7 de junio de 2007, asunto C-178/05, Comisión de las Comunidades Europeas contra Grecia (traslado del domicilio, impuestos indirectos, transposición, evasión fiscal)

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 1:08 pm

En 2005, la Comisión ha interpuesto recurso en incumplimiento en contra de Grecia, teniendo como motivo la transposición incorecta de la Directiva 69/335/CEE de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985. La normativa nacional (Ley nº 1676/86, de 24 de diciembre de 1986, sobre la fijación de los tipos impositivos sobre el valor añadido y otras disposiciones; el recurso en incumplimiento ha sido introducido 20 años más tarde!) grava todo traslado del domicilio, siempre que la sociedad de que se trate no esté sujeta al impuesto sobre las aportaciones en el Estado miembro de origen.

En su sentencia, el Tribunal decide que de la directiva 69/335/CEE se desprende que están sujetos al impuesto sobre las aportaciones los traslados de un Estado miembro a otro Estado miembro del domicilio (efectivo o social) de las sociedades, asociaciones o personas jurídicas que estén consideradas, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedades de capital en este último Estado miembro, aunque no lo estén en el primer Estado miembro.

Asimismo, estas disposiciones no establecen que se graven con el impuesto sobre las aportaciones los traslados de domicilio de las sociedades, asociaciones o personas jurídicas que sean consideradas, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedades de capital en cada uno de los dos Estados miembros de que se trate. Sin embargo, el criterio de la «sujeción» utilizado por la normativa nacional puede llevar a que se grave en Grecia con el impuesto sobre las aportaciones a una sociedad, aunque ésta también se considere «sociedad de capital» en el Estado miembro de origen. Éste es particularmente el caso cuando este último Estado, en virtud del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 69/335/CEE, exime todas las operaciones del impuesto sobre las aportaciones o cuando aplica un tipo impositivo cero.

Por tanto, el criterio de la «sujeción» utilizado por la normativa sobre los traslados de domicilio de que se trata permite gravar con el impuesto sobre las aportaciones casos para los que la Directiva 69/335/CEE no prevé tal gravamen. Teniendo en consideración que la Directiva realiza una harmonización exhaustiva en este ámbito, el TJCE considera que la normativa nacional de que se trata es una transposición incorrecta de la primera.

En su intervención en el juicio, España ha alegado que el criterio de la «sujeción» es necesario para luchar contra la evasión fiscal. Como la Directiva 69/335/CEE realiza una harmonización exhaustiva y no prevé ninguna disposición explícita que permita a los Estados miembros adoptar medidas generales para luchar contra la evasión fiscal, «los Estados miembros únicamente pueden oponerse a la aplicación del Derecho comunitario en circunstancias especiales que constituyan una práctica abusiva o fraudulenta». La aplicación del Derecho comunitario «no puede extenderse hasta llegar a cubrir las prácticas abusivas de los operadores económicos, esto es, las operaciones que no se realicen en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho». Sin embargo, en el presente caso, por una parte, la normativa sobre los traslados de domicilio de que se trata no se limita a luchar contra un abuso en un caso especial. Por otra parte, el uso de un derecho creado por el Derecho comunitario, como el establecimiento de una sociedad en otro Estado miembro o el traslado de su domicilio, no puede justificar, por sí solo, una sospecha de abuso.

Además, por no haber hecho una distinción clara entre «imposición efectiva» y «sujeción» que puede haber conducido a cierta confusión, el TJCE añade que tal normativa no cumple las exigencias de seguridad jurídica, establecidas por la jurisprudencia en materia de adaptación del Derecho interno a las directivas.

Raluca

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