Àrea de Dret Internacional Privat – UAB

febrero 6, 2008

Fiscalidad directa y vivienda: el “mal caso” Comisión c. Alemania (sentencia de 17 de enero de 2008, asunto C-152/2005)

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 9:55 am

¿Por qué un Estado miembro de la Unión, en este caso Alemania, no puede incentivar a los sujetos pasivos cuyas rentas están sujetas a contribución en ese país – sin distinción de nacionalidad ni de residencia – a construir y/o adquirir una vivienda en territorio alemán? Porque según una jurisprudencia general clásica del Tribunal de Luxemburgo aplicada aquí a este caso específico, tal previsión legal genera una disuasión a la libre circulación de los ciudadanos comunitarios enunciados en el artículo 18 , de trabajadores del art. 39 o de establecimiento del art. 43 del Tratado CE. Así, el artículo 1 de la EigZulG establece que los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta por obligación personal en el sentido de la EStG tienen derecho a una subvención a la propiedad inmobiliaria. Y en virtud del artículo 2, apartado 1, primera frase, dicha subvención se concederá en el supuesto de construcción o de adquisición de una vivienda en una casa en plena propiedad situada en territorio alemán o de una vivienda en plena propiedad situada en territorio alemán. El tema aparece en el año 2000 habiéndose, por distintas circunstancias, desarrollado una fase precontenciosa muy prolongada: el problema se centraba en la situación de los abundantes trabajadores transfronterizos presentes en las zonas limítrofes del país que, acogiéndose a la remuneración y a la fiscalidad alemana, no estaban legitimados para acceder a la subvención para la adquisición o construcción de su vivienda si tal vivienda no se halla en territorio alemán. El Tribunal aprecia la existencia de obstáculos disuasorios para los no residentes en Alemania, y la excepción de interés general invocada por Alemania – la potenciación de una construcción de vivienda suficiente en el país – es poco atinada. Sabemos que la jurisprudencia comunitaria en infracción suele ser poco rica en matices y muy básica, pero es contundente y aquí es enormemente discutible, cuando menos por dos razones que encierran serios peligros.

Una primera razón es específicamente inmobiliaria: me refiero a la vinculación inapelable por la que opta el Tribunal entre una calidad (sujeto pasivo de un impuesto) y un derecho a un incentivo a la adquisición/construcción para propiedad de una vivienda, que considera no susceptible de limitaciones territoriales . Ni siquiera aquéllas que, respetuosas con el derecho comunitario por no discriminar en materia de nacionalidad o de residencia habitual, encuentran su limitación tantas veces en la propia noción de jurisdictio entendida en sentido amplio: todos sabemos perfectamente los condicionamientos territoriales legales y registrales de todo inmueble, hoy por hoy. Aún más, por el hecho de ser contributivos en un país viviendo en el país vecino ¿se debe – Europa dicit – poder obligar al Estado alemán a que subvencione (si lo corrige a la alza) el derecho a la vivienda construida/adquirida en otro país y así le hagan obligatoriamente contornear su política de incentivos fiscales a la vivienda (que no es sólo, recordémoslo, una política de fronteras) sin limitación alguna a su propio territorio? Pues el Tribunal, ignorando entre muchas otras cosas los condicionamientos inmobiliarios de toda vivienda construida o adquirida en propiedad, y procediendo a una calificación estrictamente personal en un ámbito que es aún competencia del Estado (la fiscalidad directa, que debe por supuesto respetar las obligaciones comunes y ser neutral) así lo ha decidido, siguiendo una a jurisprudencia demasiado general para este sector específico, y como veremos mal concebida. La segunda razón encierra más peligros y concierne la propia construcción comunitaria en momentos serios: no hay que transformar lo que es una libertad – la movilidad- en un imperativo del propio paradigma. Las legislaciones de los Estados miembros no han de ajustarse clónicamente y en pura convergencia a un paradigma legal de “movilidad imperativa” que parece estar rigiendo jurisprudencia y programas comunitarios en tantos sectores, por no hablar del ámbito educativo/universitario. Lo que corresponde a situaciones específicas propias de los “laboratorios” que son nuestras fronteras no debe siempre poseer alcance general en una norma. En concreto, la elección de una residencia donde se vive, y de un trabajo (remuneración más fiscalidad, más muchos otros elementos ) son actos libres en que cada individuo ( o sociedad, en su caso) pondera muy distintos aspectos. En otras palabras: los incentivos casi siempre son claros; pero las disuasiones son seguramente mucho menos claras y más complejas: ¿quién nos dice que al otro lado de la frontera el alquiler, o la propiedad de una vivienda, no son mucho más económicas? Además, esta política fiscal alemana también puede ser vista legítimamente como favorable ¿por qué no? a la movilidad transnacional intracomunitaria: que se instalen en Alemania los que están al otro lado. Dejemos competir entre sí a los Estados; simplemente gestionemos bien – y no como en esta “mal asunto”- su diversidad.

Blanca Vilá

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