Àrea de Dret Internacional Privat – UAB

marzo 7, 2009

Entrada en vigor del Reglamento en materia de alimentos

Filed under: 1 — adipr @ 1:51 pm

El día 30 de enero ha entrado en vigor el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DOUE, núm. L 7, de 10 de enero de 2009). La aplicación del texto no comenzará, sin embargo hasta el 18 de junio de 2011, excepción hecha de algunas disposiciones relativas a la información que los Estados deberán transmitir a la Comisión para el correcto funcionamiento del Convenio (art. 71), al Comité que asistirá a la Comisión en relación al funcionamiento del Reglamento (art. 73), al mecanismo de modificación de los formularios previstos en el Reglamento (art. 72), al derecho a la justicia gratuita en los procedimientos de reconocimiento o ejecución de las medidas en relación a los alimentos (art. 47.3) y a la concreción de las autoridades administrativas que, a efectos del Reglamento, serán consideradas como órganos jurisdiccionales (art. 2.2.); preceptos que comenzarán a aplicarse el 18 de septiembre de 2010.

Excepción hecha de los artículos que se acaban de indicar, el resto del Reglamento no comenzará a aplicarse hasta el 18 de junio de 2011, condicionándose, además, dicha aplicación a que el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias sea aplicable en la Comunidad en esa fecha. De no darse esta circunstancia, la aplicación del Reglamento se retrasaría hasta la fecha en que comenzara la aplicación de dicho Protocolo en la Comunidad (art. 76). La razón de esta vinculación entre la aplicación del Reglamento y del Protocolo es que el Reglamento no hace una regulación propia de la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, sino que se limita a remitirse a lo que establezca el mencionado Protocolo (art. 15: “La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo, “el Protocolo de La Haya de 2007″) en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento”; haciéndose depender el régimen aplicable al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de alimentos de que el Estado de origen esté o no vinculado por el mencionado Protocolo. Así, en los supuestos en los que el Estado de origen se encuentre vinculado por el Protocolo de La Haya el reconocimiento y ejecución de la decisión en materia de alimentos se producirá sin procedimiento alguno y sin que quepa oponer motivos de denegación del reconocimiento; aunque este inicial favorecimiento de la circulación de las decisiones en la materia se ve limitado por la posibilidad de que el demandado en el proceso de origen solicite un reexamen de la resolución en el caso de que no se le hubiera notificado el escrito de interposiciónd ela demanda o documento equivalente con antelación suficiente y en forma tal que hubiera podido organizar su defensa. También se permite el reexamen si dicho demandado no pudo impugnar la reclamación de alimentos por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad (art. 19).

Si la decisión procede de un Estado que no está vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 el procedimiento y condiciones del reconocimiento son los previstos en los arts. 23 a 38 del Reglamento, claramente inspirados en el Reglamento 44/2001. Los arts. 39 a 43 son aplicables tanto a las resoluciones que provengan de Estados vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007 como a aquéllas que hayan sido dictadas en Estados no vinculados por este Protocolo, incluyéndose cuestiones tales como la posibilidad de ejecución provisional de la resolución, la no prevalencia del cobro de las costas ocasionadas por la aplicación del Reglamento sobre el cobro de los alimentos o la remisión en cuanto a la ejecución al Derecho procesal del Estado de ejecución. Las transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva también se beneficiarán del régimen del Reglamento (art. 48).

En lo que se refiere a la regulación de la competencia judicial, el Reglamento se inspira inicialmente en la regulación vigente, contenida en el Reglamento 44/2001; aunque, como veremos, con cambios sustanciales. Así, en primer lugar, se eliminan los foros vinculados al domicilio, manteniéndose únicamente los derivados de la residencia deldemandado y del acreedor de los alimentos. Se conserva el foro por accesoriedad a la acción relativa al estado de las personas y se explicita que si la demanda de alimentos es accesoria a una acción en materia de responsabilidad parental el órgano jurisdiccional que conozca de esta demanda será competente para pronunciarse también sobre la reclamación de alimentos. En estos casos en los que la competencia para conocer de la reclamación de alimentos se atribuye al órgano jurisdiccional que está conociendo de una acción en materia de estado de las personas o de responsabilidad parental se establece que dicha competencia no operará si la competencia para conocer del litigio principal se deriva únicamente de la nacionalidad de una de las partes.

El Reglamento prevé que pueda elegirse el tribunal competente en materia de alimentos, aunque limitando dicha elección a unos tribunales determinados (art. 4) y estableciendo que dicha elección no podrá operar cuando se refiera a alimentos respecto de un menor de edad inferior a los 18 años. También se prevé la competencia derivada de la sumisión tácita (art. 5). Resulta también de gran interés la previsión de una competencia subsidiaria (art. 6), de acuerdo con la cual cuando ningún Estado miembro del Reglamento ni del Convenio de Lugano resulte competente de acuerdo con lo previsto en los arts. 3, 4 y 5 serán competentes los tribunales del Estado miembro de la nacionalidad común de las partes. Finalmente, en el art. 7 se incluye un foro de necesidad para aquellos casos en los que ningún Estado miembro sea competente de acuerdo con lo establecido en los arts. 3, 4 y 5, no sea posible llevar a cabo el procedimiento en un Estado tercero con el que el litigio tenga una estrecha relación y exista una conexión suficiente entre el litigio y el Estado del tribunal que pretende devenir competente de acuerdo a dicho foro de necesidad. También se prevé una norma específica en materia de medidas provisionales y cautelares (art. 14)

El Reglamento, además, no solamente incluye -como acabamos de ver- una regulación detallada de los criterios competenciales en materia de alimentos, sino que también se ocupa de los problemas de aplicación que plantea esta regulación; así cuestiones tales como la verificación de la competencia, la verificación de la admisibilidad, la litispendencia  y la conexidad son objeto de atención específica en los arts. 10 a 13.

El Reglamento se ocupa también con detalle de la cooperación entre autoridades (arts. 49 a 63), permitiendo que las solicitudes de alimentos y de reconocimiento de las decisiones en materia de alimentos sean tramitados por medio de las autoridades centrales establecidas, facilitando así el ejercicio transnacional de sus derechos tanto a los acreedores de alimentos (art. 56.1 del Reglamento) como a los deudores de los mismos (art. 56.2) del Reglamento. Sin duda, esta detallada y completa cooperación entre autoridades será uno de los elementos más relevantes del nuevo instrumento, y el éxito de esta cooperación se convertiría en un hito de la cooperación entre autoridades y un logro de primer orden del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

El Reglamento, además, se ocupa del derecho a la justicia gratuita (arts. 44 a 47), estableciendo que no podrán imponerse condiciones más restrictivas en los procedimientos internacionales que los internos equivalentes (art. 44.4) y garantizando que quienes gocen de dicho beneficio disfrutarán de él también en otros Estados miembros para los procedimientos de reconocimiento y ejecución (art. 44.1). El contenido de dicho derecho a la justicia gratuita se detalla en el art. 45 y tiene un contenido muy amplio.

Aún queda mucho para el comienzo de la aplicación del Reglamento 4/2009; pero es bueno que vayamos familiarizándonos con el mismo, porque la materia que trata tiene una indudable importancia práctica y el texto tiene la suficiente complejidad y atractivo como para convertirse en un instrumento de referencia para la doctrina y la práctica. Aquí no pretendemos más que llamar la atención sobre su existencia, convencidos de que en los próximos meses no faltarán estudios que abordarán de forma exhaustiva el tratamiento de este nuevo Reglamento comunitario en materia de DIPr.

Rafael Arenas

Entrada extraída del Blog “Àrea de Dret Internacional Privat” (UAB):

http://blogs.uab.cat/adipr/2009/02/01/entrada-en-vigor-del-reglamento-en-materia-de-alimentos/

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