Àrea de Dret Internacional Privat – UAB

diciembre 19, 2008

Conclusiones del abogado general Kokott en el caso Apostolides- Asunto C-420/07

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 2:35 pm

El caso versa sobre un terreno situado en una zona de Chipre en la que la República de Chipre no ejerce un control efectivo y en la que, por ese motivo, se ha suspendido la aplicación de gran parte del Derecho comunitario. Desde la intervención de tropas turcas en 1974 la isla de Chipre está dividida de hecho en una zona grecochipriota, situada al sur, y una zona turcochipriota, situada al norte. La República de Chipre está reconocida como Estado por la comunidad de naciones a efectos del Derecho Internacional Público y, aunque de iure representa a la totalidad de Chipre, de facto únicamente controla la parte sur de la isla. En el norte se ha proclamado la República Turca de Chipre del Norte, (en lo sucesivo, «RTCN»), reconocida únicamente por Turquía.

Aunque las negociaciones sobre la reunificación, apoyadas por las Naciones Unidas y la UE, no pudieron concluirse satisfactoriamente, la República de Chipre se adhirió en 2004 a la Unión Europea. En un Protocolo especial del Tratado de Adhesión se excluyó la aplicación del acervo comunitario a la parte de la isla sobre la que la República de Chipre no ejerce su soberanía.

A raíz de la división de la isla una gran parte de ciudadanos de ambos grupos de población huyeron o fueron desplazados forzosamente. Muchos de los desplazados reivindican la propiedad de terrenos que fueron obligados a abandonar. Los terrenos abandonados en la RTCN por los grecochipriotas se consideran allí transmitidos al Estado. Las autoridades de la RTCN han transmitido muchos de estos terrenos a particulares. La manera de tratar los derechos de propiedad de los desplazados es una de las cuestiones aún no resueltas en las negociaciones de reunificación.

En este contexto tan delicado se sitúa el litigio entre el Sr. Apostolides y el matrimonio británico Orams. Este matrimonio adquirió un particular un terreno en el norte de Chipre. El Sr. Apostolides, cuya familia tuvo que huir del Norte, reivindica la propiedad sobre dicho terreno. A raíz de su demanda, el Tribunal de Distrito de Nicosia, un tribunal que tiene su sede en la zona grecochipriota, condenó al matrimonio Orams a que desalojara el terreno y pagara determinada cantidad. El Sr. Apostolides ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Reino Unido.

La Court of Appeal que conoce del procedimiento de ejecución plantea la cuestión de si los tribunales del Reino Unido están obligados a ello conforme al Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  Sus dudas se deben, por una parte, a que la resolución se refiere a un terreno situado en una zona de Chipre en la que la República de Chipre no ejerce un control efectivo y en la que, por ese motivo, se ha suspendido la aplicación de gran parte del Derecho comunitario. Por otra parte, al notificar al matrimonio Orams la cédula de emplazamiento en su domicilio situado en el territorio turcochipriota, se produjeron algunas irregularidades.

El Tribunal estima que:

1) La suspensión de la aplicación del acervo comunitario en las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce un control efectivo, establecida en el artículo 1, apartado 1, del Protocolo nº 10 del Acta de Adhesión de 2003, no impide que un tribunal de otro Estado miembro reconozca y ejecute, sobre la base del Reglamento nº 44/2001, una resolución de un tribunal de la República de Chipre que guarde conexión con la zona no controlada por dicho Gobierno.

2) El artículo 35, apartado 1, en relación con el artículo 22, número 1, del Reglamento nº 44/2001 no faculta a los tribunales de los Estados miembros para denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro cuando dicha resolución se refiera a un terreno situado en una zona de éste en la que el Gobierno de dicho Estado miembro no ejerce un control efectivo.

3) Los tribunales de un Estado miembro no pueden denegar, invocando la excepción de orden público establecida en el artículo 34, número 1, del Reglamento nº 44/2001, el reconocimiento y la ejecución de una resolución cuando ésta, si bien formalmente tiene carácter ejecutorio en el Estado en que se dictó, en la práctica no puede ejecutarse en dicho Estado.

4) El artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no puede denegarse el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en rebeldía por irregularidades en la notificación de la cédula de emplazamiento, si el demandado podía recurrir contra la resolución dictada en rebeldía, los tribunales del Estado en que se dictó la resolución la han examinado en un procedimiento completo e imparcial y no existen indicios de que, en dicho procedimiento, se haya menoscabado el derecho de defensa del demandado.

Conclusiones del Abogado General Kokott en el caso Gambazzi – 18 de diciembre de 2008, Asunto C-394/07

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 2:19 pm

Han sido publicadas las conclusiones del Abogado General en el caso Gambizzi, Asunto C-394/07. El procedimiento versa sobre la interpretación del artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El objeto del procedimiento principal es el reconocimiento de una sentencia inglesa dictada después de que el demandado fuera excluido del procedimiento por incumplir una orden jurisdiccional. Este asunto proporciona al Tribunal de Justicia la posibilidad de seguir desarrollando los principios establecidos en particular en su sentencia Krombach sobre el orden público procesal. Se estima que:

32. El Tribunal de Justicia ha expuesto en reiteradas sentencias los rasgos fundamentales de la interpretación de la reserva de orden público consagrada en el artículo 27, número 1, del Convenio de Bruselas.

33. A la hora de su interpretación, el Tribunal de Justicia parte antes de nada del sentido y de la finalidad del Convenio. El Convenio pretende facilitar, en la mayor medida posible, la libre circulación de resoluciones, estableciendo un procedimiento de exequátur simple y rápido. Por tanto, en cuanto obstáculo a la consecución de este objetivo fundamental del Convenio, el artículo 27 debe interpretarse de forma restrictiva.  En particular, la cláusula de orden público que figura en el artículo 27, número 1, del Convenio sólo puede aplicarse en casos excepcionales.

34. El Tribunal de Justicia aclara en este contexto que aunque en principio los Estados contratantes puedan seguir determinando libremente, en virtud de la reserva establecida en el artículo 27, número 1, del Convenio, conforme a sus concepciones nacionales, las exigencias de su orden público, los límites de este concepto son definidos a través de la interpretación del Convenio.  Por consiguiente, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia definir el contenido del concepto de orden público de un Estado contratante, sí le corresponde controlar los límites dentro de los cuales los tribunales de un Estado contratante pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante.

El Tribunal estima que El artículo 27, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado requerido puede denegar el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro si tal resolución ha sido dictada en violación manifiesta del derecho fundamental a un procedimiento justo.

diciembre 17, 2008

Sentencia del Tribunal de Justicia – 16 de diciembre de 2008, Cartesio, Asunto C-210/06

Filed under: 1,Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 10:23 am

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeos ha dictado el día 16 de diciembre de 2008  sentencia en el caso Cartesio. Dicha sentencia se formuló en el marco de un recurso interpuesto por CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt (en lo sucesivo, «Cartesio»), sociedad con domicilio social en Baja (Hungría), contra la resolución que desestimó su petición de inscripción en el registro mercantil del traslado de su domicilio a Italia.  El Tribunal de Justicia declara que:

1) Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente que conoce de un recurso de apelación contra una resolución dictada por un tribunal competente para la llevanza del registro mercantil que ha desestimado una petición de modificación de una mención en dicho registro debe calificarse de órgano jurisdiccional que ostenta la facultad de formular una petición de decisión prejudicial en virtud del 234 CE, a pesar de la circunstancia de que ni la resolución de ese tribunal ni el examen del referido recurso de apelación por el órgano jurisdiccional remitente tengan lugar en el contexto de un procedimiento contradictorio.

2) Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente, cuyas resoluciones dictadas en un litigio como el litigio principal pueden ser objeto de un recurso de casación, no puede calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 234 CE, párrafo tercero.

3) De existir normas de Derecho nacional relativas al recurso de apelación contra una resolución por la que se acuerde una remisión prejudicial, que se caractericen por la circunstancia de que el asunto principal sigue pendiente en su integridad ante el órgano jurisdiccional remitente, siendo objeto de una apelación limitada únicamente la resolución de remisión, el artículo 234 CE, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no puede cuestionarse la competencia que dicha disposición del Tratado confiere a todo órgano jurisdiccional nacional de acordar una remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por la aplicación de tales normas que permiten al órgano jurisdiccional que conoce de la apelación reformar la resolución por la que se acuerda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, dejar sin efecto esa remisión prejudicial y ordenar al órgano jurisdiccional que haya dictado la referida resolución reanudar el procedimiento de Derecho interno que haya sido suspendido.

4) En el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que impida a una sociedad constituida en virtud del Derecho nacional de ese Estado miembro trasladar su domicilio a otro Estado miembro manteniendo su condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro según cuya legislación hubiera sido constituida.

octubre 21, 2008

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 14 de octubre de 2008 – Grunkin-Paul

Filed under: 1,Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 9:45 am

Con fecha 14 de octubre el TJCE publica su decisión en el asunto Grunkin-Paul.  El Tribunal de Luxemburgo declara que “El artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro.

Vesela Andreeva

mayo 29, 2008

Petición de decisión prejudicial relativa al artículo 1(2)(b) del Reglamento Bruselas I

Filed under: Bruselas I,Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 7:03 am

El día 12 de marzo de 2008 el Högsta domstolen (Suecia) ha invitado el TJCE a pronunciarse sobre los siguientes aspectos (Asunto C-148/08, SCT Industri AB i likvidation / Alpenblume AB):

“¿Debe interpretarse la excepción prevista en el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento de Bruselas I, relativa a la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos, en el sentido de que incluye una resolución dictada por un tribunal de un Estado miembro (A), relativa al registro de la titularidad de participaciones en una sociedad con domicilio social en el Estado miembro A, titularidad que había sido transmitida por un administrador concursal de una sociedad situada en otro Estado miembro (B), cuando el tribunal ha fundamentado su resolución en que el Estado miembro A, a falta de un convenio internacional relativo al reconocimiento mutuo de procedimientos concursales, no reconoce la facultad de dicho administrador concursal para realizar actos dispositivos sobre bienes situados en el Estado miembro A?”

Raluca Ionescu

Petición de decisión prejudicial relativa al reglamento nº 1346/2000

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 6:57 am

El día 9 de abril de 2008 el Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha invitado el TJCE a pronunciarse sobre los siguientes aspectos (Asunto C-148/08, Mejnertse):

“A los efectos de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, dicho Estado ¿debe considerarse Estado miembro de conformidad al artículo 16 del Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia?

El hecho de que dicho Reglamento se sujete a dicho protocolo ¿significa que el citado Reglamento no forma parte de la normativa comunitaria en el citado país?

La falta de vinculación y aplicación del Reglamento 1346/2000 en Dinamarca ¿significa que los demás Estados miembros no aplicarán dicho reglamento para el reconocimiento y ejecución de resoluciones de insolvencia dictadas en dicho país? O por el contrario ¿significa que los demás Estados miembros están obligados, salvo que hubiesen formulado salvedades, a aplicar el citado Reglamento cuando la resolución de insolvencia es dictada en Dinamarca y se pretenda su reconocimiento y ejecución en dichos Estados? En concreto cuando afecta a España”.

Raluca Ionescu

mayo 25, 2008

Sentencia Laboratoires Glaxosmithkline: el artículo 6(1) no se aplica a litigios regidos por las reglas de competencia aplicables en materia de contratos individuales de trabajo

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 10:14 am

Por una sentencia de 22 de mayo de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha contestado a la cuestion prejudicial de la Cour de Cassation francesa. La pregunta visa en esencia la cuestión de si la regla de competencia especial enunciada en el artículo 6, número 1, del Reglamento en relación con los codemandados es aplicable a la acción ejercitada por un trabajador contra dos sociedades establecidas en diferentes Estados miembros, a las que el trabajador considera como sus coempleadores.

La cuestión prejudicial se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Rouard y las sociedades Glaxosmithkline y Laboratoires Glaxosmithkline, establecidas respectivamente en el Reino Unido y en Francia y consideradas por el Sr. Rouard como sus coempleadores en virtud de una cláusula de su contrato de trabajo, a las que el Sr. Rouard reclama el pago de diversas cantidades en concepto de indemnizaciones por despido y por la extinción improcedente del citado contrato.

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abril 24, 2008

Conclusiones en el caso Grunkin-Paul

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 2:09 pm

El 24 de abril se han publicado las Conclusiones del Abogado General Sharpston en el caso Grunkin-Paul. La conclusiones pueden consultarse en la página web del TJCE.

El caso tiene su origen en la solicitud de dos ciudadanos alemanes -el señor Grunkin y la señora Paul, casados entre si- para que su hijo común, Leonhard Matthias, originariariamente inscrito en Dinamarca con el apellido “Grunkin-Paul”, fuese inscrito también en Alemania con este apellido. Las autoridades alemanas rechazaron dicha solicitud con el argumento de que, de acuerdo con el DIPr. alemán, Leonhard Matthias debía ser inscrito, bien con el apellido Grunkin, bien con el apellido Paul, de acuerdo con lo establecido en el Derecho alemán, aplicable al caso por ser el niño nacional alemán. En este contexto se plantea si la norma alemana es contraria a la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad contenida en el art. 12 del TCE y al derecho de circulación reconocido en el art. 18 del TCE.

El Abogado General concluye que la norma de conflicto alemana no es en sí misma contraria a los arts. 12 17 o 18 del TCE, pero debe ser aplicada teniendo en cuenta el derecho de los ciudadanos comunitarios a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; en consecuencia las autoridades de un Estado miembro no pueden, al registrar el nombre de un ciudadano comunitario, rechazar automáticamente el reconocimiento del nombre con el que ya ha sido registrado de acuerdo con lo establecido en el Derecho de otro Estado miembro; salvo que dicho reconocimiento pudiera suponer un conflicto con razones primordiales de interés público que no admitieran excepción.

Rafael

marzo 21, 2008

Condenación de España por violación del Derecho comunitario en el asunto E.ON/Endesa

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 3:35 pm

El día 6 de marzo de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido que España ha violado el Derecho comunitario por no haber retirado las codiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energia y por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. En 2006 la Comisión había declarado estas condiciones como incompatibles con el Derecho comunitario.

Las principales alegaciones de España son: a) el recurso carece de objeto, puesto que la oferta pública de adquisición de E.ON no produjo efectos (aunque las condiciones no habían sido retiradas), y b) las medidas nacionales han sido adoptadas para garantizar la seguridad del suministro energético, en conformidad con el art. 21(4) del Reglamento de concentraciones.

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febrero 9, 2008

Aplicación del artículo 6(1) del reglamento nº 44/2001 a los contratos de trabajo

Filed under: Jurisprudencia.Novedades — adipr @ 6:26 am

La Cour de Cassation de Francia ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la cuestión de saber si la sección 5 del reglamento nº 44/2001, relativa a los contratos de trabajos, contiene “de forma exhaustiva y exclusiva” las reglas de competencia correspondientes a este tipo de contratos, o, si, al contrario, estas reglas se puede completar con la regla de competencia especial establecida en el artículo 6 (1).

En sus conclusions del 17 de enero de 2008, el Abogado general Poiares Maduro empieza con el análisis de la aplicabilidad del artículo 6(1) en materia de contratos individuales de trabajo. Poiares Maduro da una respuesta positiva, “aunque, a primera vista, la interpretación literal de la sección 5 relativa al contrato de trabajo parezca oponerse a ello” (para. 15). Las razones en apoyo de esta respuesta:

a) hay que tomar en cuenta el alcance teleológico y contextual del reglamento nº 44/2001: en el contexto del Convenio de Bruselas, como no había una sección específica relativa a los contratos de trabajo, a éstos se les aplicaban las reglas de competencia que el convenío establecía, incluso el articulo 6(1). El reglamento nº 44/2001 “se inscribe en la continuidad y no rompe con las reglas establecidas por el Convenio” y coresponde a la voluntad de sus autores.

b) el artículo 6 (1) no constituye una excepción a las reglas de competencia relativas a los contratos individuales de trabajo, sino un complemento a las disposiciones que tratan sobre ellos (para. 19).

A continuación, el Abogado General analiza los requisitos específicos de aplicación del artículo 6(1). Asimismo, la aplicación del artículo 6(1) requiere “la existencia de una conexión entre las demandas capaz de garantizar que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, cualquiera que sea, tenga una relación estrecha con ese asunto” (para. 31).

Para apreciar dicha conexión, el Abogado General, citando la jurisprudencia Pugliese (C-437/00), enumera algunos criterios: el hecho de que la celebración del segundo contrato estuviera prevista cuando se firmó el primero, el hecho de que el primer contrato se modificara habida cuenta de la celebración del segundo, el hecho de que exista un vínculo orgánico o económico entre ambos empresarios, el hecho de que exista un acuerdo entre los dos empresarios por el que se establece un marco para la coexistencia de los dos contratos, el hecho de que el primer empresario conserve una facultad de dirección sobre el trabajador, o el hecho de que el primer empresario pueda decidir respecto a la duración de la actividad del trabajador para el segundo empresario.

Raluca Ionescu

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